Reforma a la salud aprobada por Senado es la muerte de los hospitales públicos de Colombia
Cuando la crisis de la salud en Colombia parecía haber tocado fondo por la grave situación financiera ocasionada por la deuda con los Hospitales y Clínicas que ronda los 14 billones de pesos, la estocada final a los hospitales públicos la da el Senado de la República al aprobar una reforma que no toca el fondo de los problemas, y que evidencia que en salud, se legisla de espaldas y a los colombianos y de la mano de los aseguradores.. Varios elementos aprobados en el Senado ponen en duda la sostenibilidad de los hospitales públicos en el corto plazo:

 La Integración vertical autorizada a las “gestoras” para el primer nivel de atención: resulta casi chiste que los congresistas aprueben profundizar uno de los principales focos de corrupción demostrados por las investigaciones de los entes de control, ya que a través de esta figura se han perdido, gracias a maniobras contables y administrativas, billones de pesos de todos los colombianos, pero además, autorizar una integración vertical en los niveles básicos de atención, saca del mercado a la mayoría de los hospitales públicos del país. Todo indica que la estrategia es llevar a la liquidación vía planes de saneamiento fiscal y financiero incumplibles a los hospitales públicos, para que después sean subastados a las “gestoras”.
 La eliminación de la obligatoriedad de contratación mínima de un porcentaje de los servicios en el régimen subsidiado, con el Hospital donde reside el usuario, derogando el art. 16 de la ley 1122, acaba con la posibilidad de atender a las personas lo mas cercano al lugar de su residencia y por ahí derecho disminuirá los desgastados ingresos de las E.S.E. y fortalece la estrategia de privatización, ya que las instituciones públicas quedarán imposibilitadas para cumplir los planes de saneamiento exigidos por el mismo gobierno, y quedarán servidas en bandeja de plata para la subasta a las gestoras.
 El nombramiento de los gerentes por alcaldes y gobernadores y dejarlos en calidad de funcionarios de libre nombramiento y remoción, es el retroceso más grande que puede haber presenciado el país en los últimos años, puesto que termina los procesos de calidad de las instituciones, equivale a crear cargos manejados como cuotas políticas, se destruye la continuidad en los procesos, se abre la compuerta para los “carruseles
de contratación en salud”, se acaba la meritocracia, entre otros resultados de una medida que muestra la falta de estudios del actual proceso de reforma. Si el procedimiento para nombramiento de gerentes ha presentado problemas, se deberían tomar acciones de vigilancia, control y fortalecimiento, más no acabarlo de tajo llevándose así los beneficios que ha traído.
 El proyecto acaba los aspectos positivos de la ley 1438 de 2011 como la conformación de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud, las cuales han presentado excelentes resultados en los países donde se han adoptado. En este punto, los funcionarios del Ministerio desconocen el tema y pecan en contra de los beneficios que traería su implementación, se eterniza la fragmentación de la atención, se deja la conformación de las redes (no integradas) a las “gestoras” para aplicar criterios de rentabilidad financiera y no social, privilegiando sus propias clínicas gracias a la integración vertical, lo que será la constante en la prestación.
 El proyecto de ley elimina los llamados aportes patronales bajo la modalidad de subsidio a la oferta afectando la situación de los hospitales públicos al aumentárseles las cargas prestacionales a la vez que se desfinancia la atención a la población pobre y vulnerable no asegurada.
De aprobarse la reforma al sistema de salud bajo los parámetros señalados se garantiza la muerte de la red pública hospitalaria, además de desperdiciar la oportunidad para avanzar en la construcción de un modelo que permita la atención integral en salud. Los perjudicados no solamente serán los hospitales sino la población que verá desparecer el último bastión con que cuentan para acceder al goce efectivo del derecho a la salud, a la vez que el estado renuncia a su obligación constitucional y la canjea al mejor postor.
Considerando la gravedad de la situación, la Junta Directiva de AESA se solidariza e invita a todos los hospitales públicos del departamento, así como a los trabajadores de la salud, estudiantes y comunidad en general, a participar el próximo martes 29 de octubre entre las 10 AM y las 12 del día, con plantones en las instituciones y de las marchas programadas en todo el país en rechazo a las medidas aprobadas en el Congreso. Solo la unión de los ciudadanos permitirá llegar algún día al sistema de salud que el país necesita.
JUNTA DIRECTIVA AESA